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Opinión

El Voyerista/¿La rebelión de los comunitarios?

La incursión en el poblado La Concepción del municipio de Acapulco, será motivo de análisis, discusión y presiones de todo tipo, por las circunstancias que ahí se juegan.
La aprehensión de Marco Antonio Suástegui, detonó lo que pudiera ser una rebelión de los comunitarios, más grande y quizá más espectacular que la que se originó cuando se detuvo a la comandanta de Olinalá, Nestora Salgado. La diferencia es que acá hay 8 cuerpos de personas del poblado, cuya acusación recae en la persona Marco Antonio Suástegui, su hermano y seguidores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), acusados de fusilar a 8 ciudadanos de la Concepción.
Acapulco y su zona rural, es una zona rica en todo. Hasta en conflictos. La disputa del territorio es dura y generará fricciones por los intereses que ahí se juegan. Pero también hay cuestiones que rebasan las estructuras de poder, luego de que la CRAC-PC reclama ese espacio como parte de la influencia que le permite la ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del estado de Guerrero.
Y para presionar la liberación del líder detenido, ya se preparan acciones para mañana viernes, que buscarán presionar a las autoridades a su liberación. Se programan movilizaciones simultáneas en San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa de Comonfort, argumentando que lo hacen por la defensa del sistema comunitario y castigo a responsables de los asesinatos y encarcelamiento de sus compañeros en la Concepción.
Se establece en el llamado que tomarán las agencias del Ministerio Público y Juzgados, cerrar las comandancias de policías y en caso de que no se liberen a sus compañeros, retener funcionarios del gobierno y canjearlos por los detenidos en la Concepción.
Lo anterior, es una provocación, y habrá que esperar que se conduzcan dentro de los márgenes de la ley, sino aquello puede ser el inicio de una situación mucho más compleja y en donde pondrían en peligro la viabilidad y permanencia de un sistema que funciona como la CRAC-PC, pero en donde la impunidad y los excesos cometidos, deben tener una sanción, de quien la cometa. Como al parecer sucedió ahora en la Concepción, municipio de Acapulco.
• ¿ Xavier Olea el duro?
Odiado por muchos y amado por otros, el Fiscal Guerrerense Xavier Olea, ha sido y dado motivos para ser considerado un personaje sui generis. Su estilo y actitud, en ocasiones lo han colocado en la picota de sus críticos, sobre todo cuando se va de la lengua. Hay quien aún está esperando que detenga al “Tequilero” sujeto que ha generado problemas en San Miguel Totolapan.
Pero alejado del bullicio y de la falsa sociedad, habré de mencionar algunas de sus acciones que me hicieron llegar, para en todo caso poder hacer un balance de su actividad en otro momento y cuando tenga acceso a lo realizado en otros gobiernos, para hacer un comparativo.
El informe indica que la Fiscalía de Guerrero hizo efectivas 2451 órdenes de aprehensión de Diciembre del 2015 a diciembre del 2017. Capturó a 151 personas acusadas de secuestro y desarticuló 24 bandas delictivas en el mismo periodo. Recuperó 2533 vehículos robados de Enero del 2016 a Diciembre del 2017. Atendió a casi 14 mil víctimas de delito y personas ofendidas. Localizó a 163 menores de edad reportados como extraviados en el periodo mencionado con anterioridad.
Así las cosas, el Fiscal de Guerrero ha estado presentando sus cifras, mismas que entregó a los diputados en su pasada comparecencia, luego del informe de labores del actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quienes lo cuestionaron, lo presionaron y para todos tuvo respuestas. Algunas respuestas no fueron del agrado de los diputados.
Los diputados, de todos los partidos, hicieron cuestionamientos al Fiscal, derivado del ambiente de violencia que se vive en el estado y éste argumentó que se trabaja por alcanzar mejores estadios de convivencia. Buscando hacer más con menos, pues el presupuesto y la posibilidad de comprar equipos de alta tecnología en investigación, no siempre es el adecuado.
Además habría que buscar lo realizado en el periodo inmediato anterior, o sea con Ángel Heladio Aguirre Rivero y confrontar los datos. Para así poder hacer un comparativo. So long.

Opinión: Alfredo Guzmán

 

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Opinión

La firma el Tratado de Libre Comercio – T MEC- en el G20

Por: Esteban Valdeolivar S.

En el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) celebrada en Buenos Aires, Argentina, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, firmaron el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como T-MEC, mismo que deberá ser aprobado en las respectivas cámaras legislativas de los tres países para su entrada en vigor. Con esta firma se entra a la parte final de un proceso que comenzó formalmente el 16 de agosto de 2017.

El 27 de agosto de este año, México y Estados Unidos lograron un pacto, en ese momento con Canadá al margen de las negociaciones mientras que sus socios esperaban su regreso.

Uno de los cambios más criticados fue la nueva regla de origen para la industria automotriz, en la cual se estableció que 75 por ciento de un automóvil tendrá que ser fabricado con insumos de los países de la región, contra el 62.5 por ciento que se tiene bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

Ya para el 31 de agosto, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, informó que Trump notificó al Congreso su intención de firmar un acuerdo comercial con México, y Canadá, si así lo deseaba, dentro de 90 días.

La fecha de agosto era relevante porque Estados Unidos debía esperar 90 días, después de haber notificado al Congreso de ese país, para que se pudiera firmar el Tratado. Eso apresuraba a Trump, pues el 6 de noviembre fueron las elecciones para renovar el Senado y la Cámara de Representantes, en las cuales el presidente quería llegar con un triunfo en la bolsa.

Fue hasta el 30 de septiembre cuando Canadá anunció que llegó a un acuerdo con Estados Unidos y sería parte de la nueva versión del TLC.

Actualmente, la relación comercial entre los tres países se rige bajo el TLC, hasta la entrada en vigor del T-MEC. Los aranceles siguen
Aunque México y Canadá habían exigido como requisito para firmar el pacto que se les eximiera de los aranceles del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio impuestos por EE.UU., finalmente se plegaron a rubricarlo sin haberlo logrado.

Entre los cambios más importantes del T-MEC figura la norma de que al menos el 75 % de las partes de los automóviles deben ser fabricadas en Norteamérica, frente al 62,5 que establecía el TLCAN.

Además, entre el 40 y el 45 % del vehículo tendrá que ser producido por trabajadores que ganen como mínimo 16 dólares la hora.

El pacto ofrece igualmente un mayor acceso al mercado canadiense a los productores lácteos estadounidenses, e incluye nuevas provisiones sobre comercio digital y propiedad intelectual.

Su ratificación en el Congreso de Estados Unidos es incierta, dado que con toda probabilidad no se examinará en el Capitolio hasta el año que viene, cuando una nueva mayoría demócrata tomará las riendas de la Cámara de Representantes

Como siempre usted tiene la mejor opinión.

 

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Opinión

Textos y claves… Lo que no se ve

Miguel Ángel Arrieta

El caso de los cuestionamientos públicos a la Fiscalía General del Estado por un video exhibido en Televisa sobre los presuntos responsables del crimen de César Zambrano, no es gratuito: la depuración promovida por el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos para extirpar el cáncer administrativo-operativo heredado por Xavier Olea Peláez tiene un elevado costo.

No hay semana que el proceso iniciado para limpiar la dependencia no encuentre obstáculos, y no siempre son tropiezos internos.

Por lo pronto, antes de asumir conclusiones mediáticas contra el curso que ha seguido el asesinato de César Zambrano, deban considerarse tres elementos:

1.- La duda social que se mantiene sobre los resultados de este caso ilustra el largo camino que deben recorrer las instituciones para acreditar confianza.

La sospecha de la sociedad sobre la verticalidad de las investigaciones tiene su razón; el propio gobierno federal entrante señala una elevada carga de corrupción en la policía federal y clasifica a las corporaciones estatales y municipales como altamente susceptibles de ser copadas por la delincuencia, incluidas las policías ministeriales.

Aunque debe prevalecer la frialdad de los hechos como primer paso en la integración de averiguaciones previas, ello no significa que la Fiscalía sea invulnerable a errores de procedimiento o investigaciones alteradas.

Después de todo, se trata de una institución sometida durante tres años a prácticas sospechosas por su ex titular Xavier Olea Muñoz, quien aún mantiene enlaces y control sobre diversos funcionarios dentro de la dependencia.

Quienes han manejado la FGE saben que el talón de Aquiles de la institución es la percepción de desconfianza ciudadana ante el trabajo de investigación. De ahí que el video filtrado a Televisa haya pasado primero por el análisis y autorización de personajes ligados a Olea Peláez.

2.- Durante las últimas semanas, el sistema de seguridad y procuración de justicia en México ha entrado en zona de tensión. Las declaraciones de testigos en el juicio contra Joaquín “Chapo” Guzmán, que involucran a ex funcionarios y autoridades federales de recibir millones de dólares para proteger la red de narcotráfico más prolífica en las últimas dos décadas, pone nerviosos también a personajes de la política guerrerense.

Las investigaciones de la DEA para acreditar los delitos imputados al Chapo profundizaron hasta gobiernos estatales después de comprobarse la complicidad celebrada entre gobernadores y delincuencia organizada.

En este contexto, circula un documento dentro de la agencia americana en el que se define que en el periodo 2010-2016 Guerrero se convirtió en el primer abastecedor de heroína en la región del medio oeste americano y particularmente en la ciudad de Chicago, Illinois.

A partir de esta revelación, a ciertos ex funcionarios no les conviene que al frente de la Fiscalía guerrerense opere un abogado que raíz de su llegada al cargo se ha dedicado a expulsar a funcionarios que presumen conducta sospechosa, y mantiene comunicación abierta con agencias policiacas federales y observadores de otros países.

Nada de esto es nuevo; en la construcción de imperio de la criminalidad los jefes de cárteles compraron de todo. Desde gobernadores, funcionarios federales, alcaldes y procuradores.

3.- La determinación de abrir un expediente al caso César Zambrano en redes sociales implica un elevado riesgo de distorsión al procedimiento que tiene en sus manos el Juez de Control.

De hecho, ante el riesgo de sustituir a las instituciones con las redes sociales para desarrollar procesos judiciales, los académicos de la comunicación subrayan lo peligroso de adentrarse en este terreno.

Hasta ahora las herramientas de comunicación en la base digital se han instalado para formar un contrapeso a los mecanismos tradicionales de información social representadas por la radio, prensa y televisión, por lo que el debate no radica en la funcionalidad del nuevo espectro informativo, sino en las intencionalidad subjetiva que permite el manejo anárquico y anónimo de enlaces por medio del internet.

En realidad, al final de cuentas las ventajas que ofrecen las redes sociales se traducen en su propio contrapeso pues están divorciadas de protocolos de confirmación de los hechos y en el 78 por ciento de los casos se detecta que son acompañadas de imágenes truqueadas a través de tecnología de diseño avanzado o versiones alejadas de acontecimientos reales.

El video en el que aparecen los presuntos asesinos de Zambrano no lo descubrió Televisa ni los crearon las redes sociales, en realidad esta pieza había sido entregada desde días antes por la defensa de los detenidos al Juez de Control, pero fue desechado en base a preceptos jurídicos asentados en el acta. No hubo nada oculto ni sospechosos en ello, aunque en el fondo la intención no era anticipar una posible injusticia, sino descargar la condena pública sobre un objetivo.

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Opinión

López Obrador contra Peña Nieto

Por Raymundo Riva Palacio

Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo, su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizoRené Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado -no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición- a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final, Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.

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